A finales del mes de Julio, pudimos tener conocimiento del resultado del proceso de regularización llevada a cabo por el Catastro (cuyas actuaciones se iniciaron allá por el año 2013, dentro del Plan nacional de Regulación Catastral), el cual ha permitido identificar y localizar 1,7 millones de viviendas y otras construcciones irregulares no “declaradas” ante dicho organismo, y por tanto no sujetas posteriormente al pago, entre otros, de IBI.
En el caso de Asturias, ya han sido un total de 44 municipios los investigados, habiendo detectado un total de 285.865 inmuebles “presuntamente irregulares”, de los cuales ya han sido efectivamente comprobados un 26%. Como consecuencia de ello, ya han sido regularizados e incorporados al Catastro un total de 27.632 inmuebles (lo que representa un 9,67 % de los “presuntamente irregulares”). De todas las omisiones ya regularizadas ante el Catastro, el 29% son nuevas Construcciones; Por su parte las ampliaciones y rehabilitaciones representan un 33%; Las reformas y cambios de uso, un 34%; Finalmente las piscinas, no declaradas, representan un 3%.
En términos económicos, Asturias podría experimentar una evolución claramente al alza respecto de la recaudación de IBI, pues el recibo anual del IBI, en base a estos datos, podría incrementarse de media unos 210 €, respecto de aquellos contribuyentes que hubieran procedido ya a regularizar las construcciones irregulares. Por su parte, también podría ingresarse de manera “extraordinaria” unos 566 € de media por cada contribuyente omisor, respecto de las liquidaciones del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de los últimos cuatro ejercicios que no hayan prescrito, teniendo -ahora sí -, en cuenta la extensión y valoración de las construcciones no declaradas.
A raíz de este proceso de regularización, muchos han sido los interrogantes planteados por diversos agentes y operadores jurídicos, respecto de cuáles han sido los medios empleados por los responsables del Catastro para localizar las “construcciones fantasmas”. Mucho se ha hablado a cerca de cómo y con qué medios se ha confeccionado el nuevo mapa catastral, hasta el punto que diversos medios de comunicación, se hicieron eco de informaciones – no muy fidedignas-, relativas al posible uso de drones y otros dispositivos no tripulados por parte de los técnicos del catastro, los cuales “surcaron” los cielos de aproximadamente 4.000 Ayuntamientos, para investigar las posibles modificaciones urbanísticas y constructivas, que podrían incurrir en negligencia o fraude fiscal.
Estas informaciones fueron desmentidas por parte de la Dirección General del Catastro, la cual hizo especial hincapié en la idea de que tan sólo se había recurrido al uso de medios tradicionales, como son las imágenes obtenidas vía satélite y las fotografías aéreas.
Esta cuestión no es baladí, por cuanto el uso de drones podría generar imágenes precisas y erróneas de la localización y configuración de todas aquellas obras y construcciones “supuestamente irregulares” no declaradas ante el Catastro. Según los casos, la propia Dirección General del Catastro podría considerar que hay edificaciones o construcciones “ilegales”, dónde en realidad no las hay: Pensemos en piscinas hinchables, pérgolas o cenadores, casetas de aperos, barbacoas móviles,…
De este modo, todo contribuyente que reciba notificaciones de la Dirección del Catastro con propuestas de regularización referidas a construcciones ilegales, no debería conformarse con la resolución o propuesta regularizadora que reciba, siendo muy importante el revisarla con detenimiento, y en su caso, según las circunstancias, valorar la posibilidad de recurrirlas.
Y como se suele decir, de aquellos polvos, vienen estos lodos. No olvidemos la importancia de esta regularización, no sólo para el Catastro, sino también para las Haciendas Locales y Autonómicas: El Catastro notifica al contribuyente la irregularidad detectada, y una vez regularizada lo notifica también al Ayuntamiento para que -llegado el caso-, se proceda a rectificar las liquidaciones del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de los últimos cuatro ejercicios no prescritos. En definitiva, esto supone que debamos pagar una mayor cuantía en el importe por el IBI de esos ejercicios, además de los que nos lleguen a partir de ahora. Por el momento, la recaudación del IBI a nivel estatal, ha aumentado en 1.254 millones desde 2013.
